El fantasma de las torturas

Tomado de Revista Semana, N° 36, Bogotá, enero 1983, p. 21-27

La posibilidad de que mediaran torturas en las confesiones de los acusados del asesinato de Gloria Lara, pusieron en estado de alerta a la opinión pública

“Una novela de terror”, fue el término que utilizaron los jueces de Medellín para referirse a la situación que vive el país a raiz del asesinato de Gloria Lara y del proceso abierto en torno a él.

General Landazabal Reyes

Fantasmas que los colombianos creían enterrados volvieron a amenazar con su presencia. Durante la semana hubo varios pronunciamientos en los medios de comunicación sobre irregularidades en la forma como se venia adelantando el proceso, y de injerencia indebida de los militares en él.

La posibilidad de que mediaran torturas en las confesiones de los acusados sembró el descrei- miento sobre los hechos en la investigación, y creó el sentimiento de que viejos metodos de hacer justícia reaparecían.

Por otro lado, se conocieron detalles sobre las condiciones brutales del secuestro y la muerte de la señora Lara, de vejaciones y abusos que habían hecho de su cautiverio un verdadero infierno en vida. La necesidad de encontrar los responsables de un acto tan repugnante se habia convertido en un reto para cada uno de los colombianos.

Los ojos del país se pusieron sobre el Procurador de la Nación. El debia pronunciarse sobre si habia habido o no torturas a los acusados del crimen y su opinión tenia suficiente peso ante un país que lo había visto actuar con valor e independencia. En la tarde del lunes 3, el Procurador se comunicó telefónicamente con el ministro de Defensa y le informó sobre las conclusiones de Medicina Legal en relación con los maltratos, agregándole que deseaba llevarle personalmente la comunicación oficial al respecto. El general Landazábal, con cierta apatía, le explicó que estaría ocupado y que sólo podría recibirlo al dia siguiente. A parti de las 3 de la tarde del martes los dos sostuvieron una reunión privada, en la cual estaban presentes, además, los ministros de Justicia y de Gobierno.

La mañana siguiente se reunieron de nuevo. El fallo del Procurador se dió a conocer el jueves: no había habido torturas. Las investigaciones, por tanto, irían bien encaminadas, y las confesiones de los acusados podían tener validez. Su declaración tranquilizó un poco los ánimos y le bajó la temperatura a una semana afiebrada. Al día siguiente, el general Landazábal hacía pública su satisfacción con el pronunciamiento del Procurador y sus palabras parecían mostrar una distensión en las relaciones entre el poder civil y el poder militar que en los dias anteriores parecían tirantes.

Sin embargo, la situación distaba de estar totalmente aclarada. Las denuncias por irregularidades seguían en pie y una serie de cabos sueltos y de piezas incongruentes parecian indicar que la historia aún tenia por delante un recorrido largo y complejo.

¿irregularidades en el proceso?

Procurador Jimenez Gómez

Los primeros en abrir fuego sobre el punto de las irregularidades en el proceso (ver recuadro) fueron 34 jueces de instrucción criminal de Medellin, quienes denunciaron públicamente a la Brigada de Institutos Militares (BIM) de violar la reserva del sumario, al suministrar datos a la prensa sobre las investigaciones en el caso de Gloria Lara. Según su decla- ración, la actitud de los militares pon- dría a la justicia ordinaria contra la pared, al adelantársele inconstitucio- nalmente y hacerla parecer negligente. El 2 de enero se pronunció Guillermo Cano en la página editorial de El Espectador, manifestando su inquietud por “las revelaciones que se han hecho, de la manera que se hicieron y hasta con los propósitos con los que se difundieron…” Eduardo Umaña Luna y Gerardo Molina suscribieron un comunicado que expresaba el temor de llegar a una situación de “Estado de Sitio sin Estado de Sitio”. También El Tiempo se pronunció en el mismo sentido a través de su columnista Ayatollah, Rafael Santos, quien denunció los procedimientos de la BIM y la violación de la reserva del sumario por parte del juez 47. Días después, Alfredo Vásquez Carrizosa hablaba sobre el peligro de que la normalidad constitucional que estaba buscando el presidente Betancur se viera amenazada por “los procedimientos militares al margen de la ley”. Estas voces de alerta tenian en común dos exigencias: el castigo para los culpables y, al mismo tiempo, que el justo afán por esclarecer el crimen no conllevara atropellos de procedimiento ni violaciones a las garantias de los detenidos.