Caso Gloria Lara, un vaivén judicial

La historia judicial del Caso Gloria Lara desmiente la versión difundida por los medios de comunicación que afirman sobre la culpabilidad de un grupo de activistas campesinos y políticos de izquierda, hoy exiliados. El análisis probatorio de los diferentes fallos absolutorios, y cuya verdad està basada en los hechos, muestra de manera diáfana la inocencia de los injustamente inculpados. Las decisiones que los inculpan provienen de fallos políticos venales, tomados para defender la actitud de los militares.

El recorrido judicial del Caso Gloria Lara, inicia a mediados de 1982 con las investigaciones preliminares del secuestro y posterior asesinato de la alta funcionaria. 30 años después llega a su última etapa, en mayo del 2012 con la respuesta negativa de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia a la solicitud de la Procuraduría General de la Nación, en cabeza del procurador Ordoñez, de reabrir el proceso por considerarlo delito de lesa humanidad.

Los medios de comunicación, haciéndose eco de sectores de extrema derecha, han construido una verdad oficial mostrando como culpables del asesinato a un grupo de antiguos militantes de la izquierda democrática. Sin embargo durante esos treinta años en que el proceso transcurre, dos posiciones se contraponen antagónicamente en los estrados judiciales. De un lado las decisiones judiciales que reafirman la responsabilidad de este grupo presentado por las Fuerzas Armadas en su momento como responsables del crimen, y del otro, las decisiones de fondo que los eximen y los declaran inocentes. Veamos.

Preliminares

Pocas semanas después de que aparece el cadaver de la señora Gloria Lara cubierto con una tela escrita con las siglas ORP, un cambio de juez instructor se produce intempestivamente y asume la investigación preliminar el Juez 47 de Instrucción criminal. Una vez posesionado este juez ordena la captura de una veintena de personas, algunas de ellas ligadas años atrás a la, para la época, desaparecida ORP. Sustenta esta decisión un informe del detective del ejército José Vicente Gonzales basado en declaraciones de un informante, supuestamente militante de la ORP. De este informante no se aporta ningún dato al proceso, ni tan siquiera su nombre.

Sin competencia legal para hacerlo, el ejército logra la captura de 7 de los implicados. Violando las mínimas normas de procedimiento penal, realiza las primeras indagatorias en la sede de la Brigada de Institutos Militares, utiliza la tortura, como lo confirma el Instituto de Medicina legal, coloca un apoderado de oficio, miembro de las Fuerzas Armadas y sin tarjeta válida de abogado.

A una semana de las capturas, con un despliegue mediático sin precedentes en la historia judicial colombiana, el Director de la Brigada de Institutos militares, General Diaz Sanmiguel anuncia el desmantelamiento de la ORP y presenta unos videos en los que dos de los capturados se autoincriminan del delito. Días más tarde, contra todo principio ético jurídico, el Ministro de Defensa, General Landazabal Reyes y el propio juez de instrucción condenan previamente a los sindicados, sin tan siquiera haberse calificado el sumario.

Tres meses después de tan sonado éxito investigativo de las Fuerzas Armadas armadas, en marzo de 1983, es secuestrado a nombre de esta misma sigla el alto ejecutivo de la Texaco, Kenneth Bishop quien es liberado al poco tiempo luego del pago de una cuantiosa suma. Tras las declaraciones de Martha Ropero y de su madre, el ex-juez de Caicedonia y amante de Ropero, Iván Murcia junto con dos delincuentes más, son sindicados y detenidos por el secuestro de Bishop. Múltiples son las pruebas aportadas al proceso que corroboran la tesis según la cual los secuestradores del norteamericano son los mismos responsables del crimen contra Gloria Lara y que nada tienen que ver con el primer grupo de personas sindicadas por la jerarquía militar. (Ver columna de El Tiempo de Enrique Santos Calderón y Semana N° 74 del 11 de octubre de 1983).

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