Caso Gloria Lara. Los hechos

Por en septiembre 16, 2013

Descripción de los hechos que llevaron a cometer uno de los más emblemáticos falsos positivos judiciales en Colombia.

Fernando Botero. El Capitán

Botero. Capitán

El 23 de junio de 1982 la Señora Gloria Lara de Echeverri, alta funcionaria del Gobierno colombiano encargada de las Juntas de Acción Comunal del país, esposa del ex-presidente del Congreso Héctor Echeverri Correa y cuñada del entonces Presidente de la ANDI (Asociación Nacional de Industriales) Fabio Echeverri, fué secuestrada. En un primer momento los secuestradores informaron que pertenecían al movimiento guerrillero M-19, información que fué inmediatamente desmentida por la dirección de ésta organización.

El 29 de noviembre de ese mismo año el cuerpo sin vida de la plagiada fué encontrado en un barrio del occidente de Bogotá cubierto con una bandera escrita con la sigla ORP, sigla que nunca antes había sido utilizada por los autores del secuestro. Pero como lo señaló el diario nacional El Tiempo del día siguiente al macabro hallazgo, “Todo parece indicar que los asesinos de Gloria Lara actuaron no por razones políticas sino por simple afán de lucro”. Este atroz asesinato fué duramente repudiado por el conjunto de la sociedad colombiana y el recién posesionado presidente Belisario Betancur Cuartas prometió una investigación exhaustiva.

La hasta ese momento desconocida ORP, Organización Revolucionaria del Pueblo, había sido una organización de izquierda ligada esencialmente al movimiento campesino liderado por la ANUC Línea Sincelejo (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos) y que había desaparecido luego de una fuerte lucha interna. Ex-dirigentes de ésta desaparecida organización que se encontraban militando en el momento del crimen en diferentes partidos políticos legales y algunos de los cuales habían salido electos para los cuerpos colegiados en diferentes regiones, repudiaron publicamente este asesinato por los medios de comunicación y se declararon ajenos a este crimen, a la lucha armada y al terrorismo.

La investigación del delito venía siendo adelantada por una juez de instrucción, quien fué destituída intempestivamente en diciembre del 82 y a partir del 17 de ese mes la sección de inteligencia de la BIM -Brigada de Institutos Militares- sin competencia legal para hacerlo ya que la investigación cursaba en la justicia civil y no militar, realiza allanamientos, captura a 8 personas que habían estado ligadas a la extinta ORP y las recluye en sus dependencias. Allí el nuevo juez impuesto instaló bajo toda ilegalidad su despacho, permitió la práctica de torturas a los capturados y la designación ilegal de un suboficial del ejército colombiano como defensor de oficio. Luego de varios días de torturas y amenazas, los detenidos fueron obligados a auto-inculparse como responsables del secuestro y asesinato de Gloria Lara.

El 28 de diciembre, tan solo a 10 días de las capturas, la jerarquía militar en cabeza del Ministro de la Defensa, General Fernando Landazábal y del Director de la BIM, General Hernando Diaz Sanmiguel haciendo uso de un despliegue periodístico sin precedentes en la historia judicial del país, presentan un video con las confesiones de algunos de los detenidos, violando todas las normas del procedimiento penal, con la ferrea voluntad, no de encontrar la verdad de este crimen, sino de mostrarle al país resultados positivos, la eficacia de las Fuerzas Armadas y la sevicia de los movimientos de izquierda.

Esta “mise en scène” se realiza en un momento histórico similar al que atraviesa hoy Colombia, enmarcado por un Diálogo Nacional propuesto por el recién posesionado presidente Belisario Betancur que contemplaba la búsqueda de la paz negociada con la guerrilla y una apertura democrática del sistema político. Esto conllevaba una amnistía para los levantados en armas, el levantamiento del Estado de Sitio que por tantos años había regido casi sin interrupción en el país, la derogatoria de un Estatuto de Seguridad que había marcado el régimen anterior y que le otorgaba poderes especiales al ejército en el manejo del orden público, la suspensión de la Justicia Penal Militar para juzgar a civiles, entre otras medidas, que menoscababan el poder militar y que produjeron una gran insatisfacción en la cúpula de las Fuerzas Armadas y en un sector de la élite colombiana.

Como lo señalaron en su momento académicos, editorialistas, analistas políticos o defensores de Derechos Humanos, la actuación del ejército colombiano en el caso Gloria Lara, obedecía a su necesidad de recuperar legitimidad, de minimizar los resultados de la investigación sobre la participación de algunos de sus miembros en el grupo paramilitar MAS -Muerte a Secuestradores- responsable de múltiples asesinatos y desapariciones en Colombia en los años ochenta y de deslegitimar el proceso de paz iniciado por el Presidente Betancur. Se trató, sin lugar a dudas, de uno de los primeros y más emblemáticos falsos positivos judiciales en Colombia.