Desaparecidos bajo un manto oscuro

Por en septiembre 8, 2013

Tomado de: Madrid-Malo Garizábal, M. Violencia contra los más débiles. Alcaldia de Bogotá. 2011

En 1982, tres agentes del F2 capturaron y desaparecieron a la señora Patricia Rivera y a sus dos hijas de 9 y 4 años Eliana y Katherine. Igualmente se llevaron al señor Marco Antonio Crespo, quien protesto por el secuestro de Patricia y us hijas.  La señora Rivera fue  involucrada sin razón alguna en el caso Gloria Lara. El crimen contra la familia Rivera y el señor Crespo sigue en la impunidad.


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Desde hace más de treinta años la desaparición forzada se emplea en Colombia como método criminal para suprimir a opositores políticos, líderes de organizaciones sociales, sindicalistas, defensores de los derechos humanos y otras personas no gratas a los ojos de autoridades violentas. Pero ese mecanismo terrorífico también suele utilizarse para eliminar a reales o supuestos autores de delitos contra el régimen constitucional, la seguridad pública o la libertad individual.

El 10 de diciembre de 1982, hacia las 3 p.m., en una calle del barrio Nariño, al sur de Bogotá, varios hombres armados y en atuendo civil privaron de la libertad a Patricia Rivera de Bernal y a sus dos pequeñas hijas, Eliana, de 9 años, y Katherine, de 4. Con ellas fue también aprehendido Marco Antonio Crespo, un pensionado septuagenario que valerosamente intentó impedir su arbitraria detención. Los testigos inmediatos del hecho declararon que sus autores se habían presentado como servidores públicos, y más tarde pudieron reconocer a varios de ellos entre los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Nada volvió a saberse de las niñas, ni de su madre, ni del anciano compasivo. Éste grupo quedó —y permanece aún— cubierto bajo un manto de noche y niebla.

Unos días después de haber desaparecido las cuatro personas, mientras sus familiares comenzaban una larga e inútil búsqueda, un periódico bogotano informó que Patricia era la hermana y cómplice de Freddy José Rivera, estudiante a quien se investigaba en relación con el secuestro y el asesinato de Gloria Lara de Echeverri, perpetrados meses atrás por un tenebroso grupo de malvivientes. Tal información era por completo falsa. El sindicado no tenía vínculo alguno con la desaparecida.

En el curso de la investigación del suceso pudo establecerse que el taxi en el cual se llevaron a las víctimas del 10 de diciembre— un Dodge de color amarillo y negro— era el mismo vehículo utilizado por miembros de la Brigada de Institutos Militares durante la captura de uno de los hombres a quienes se tenía por secuestradores y homicidas de Gloria Lara.

Transcurridos más de dos años de la desaparición de Patricia y de sus hijas, un estafador logró que José Modesto Rivera —padre y abuelo de aquéllas— le entregara varias sumas de dinero por proporcionarle información sobre el lugar en el cual supuestamente se hallaban ocultas. El malhechor hizo que el señor Rivera viajara a la ciudad de Cali, donde recibió el último pago por sus datos. Después nadie supo más del falso informante.

Entre 1977 y 1987 se denunciaron en Colombia más de 4.000 casos de personas sobre cuya situación no volvió a tenerse noticia desde el momento en que fueron aprehendidas. Dado que por entonces la ley nacional no tipificaba el delito de desaparición forzada, esas personas figuran en los archivos oficiales como víctimas de secuestradores.

El 12 de octubre de 1993, luego de examinar el caso del grupo detenido en el barrio Nariño, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (ver) concluyó que con respecto a tal asunto el gobierno de Colombia había dejado de cumplir su obligación de respetar y garantizar los derechos del niño y los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad personal, las garantías judiciales y la efectiva protección judicial consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Hasta hoy no se ha proferido una sola decisión de la judicatura para sancionar a los agentes del Estado colombiano que arrebataron y desaparecieron a Patricia Rivera de Bernal, Eliana Bernal Rivera, Katherine Bernal Rivera y Marco Antonio Crespo. El delito cometido contra esos cuatro colombianos inocentes sigue en la impunidad.