¿Fuerzas Militares sin control?

Por en marzo 8, 2014
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La Seguridad Democrática fortaleció las Fuerzas Militares pero debilitó el control civil y permitió que aumentaran los abusos. Una mirada experta sobre cifras y hechos bajo los gobiernos de Uribe y de Santos.

Por: Francisco Leal Buitrago, Sociólogo, Profesor Honorario de las universidades Nacional de Colombia y de Los Andes

Tomado de: razonpublica.com 23 de febrero 2014

Colombia Drugs

 

No es solo un “escándalo”

En tiempos electorales cualquier político quiere pescar en río revuelto. Pero en la turbulencia política del país hay sardinas (muchas y menos provocativas) y salmones (pocos y más apetitosos). Y en este ambiente los escándalos militares son unos salmones apetitosos.

No se trata aquí de aprovechar el auge de la noticia, sino de mostrar un problema delicado que viene creciendo desde hace tiempo y cuya responsabilidad le compete a gobiernos sucesivos, en particular al de Álvaro Uribe.

La ineficacia militar frente a la subversión venía de tiempo atrás y se prolongó hasta el desastre político del Caguán. Esa ineficacia fue producto de la prolongada autonomía de los militares en el manejo del orden público y la incapacidad de los gobiernos para corregirla.

Al final, este problema llevó a más injerencia gringa, mediante aumentos en la “ayuda militar” y el aprovechamiento de un supuesto “Plan Marshall” planteado por Andrés Pastrana al inicio de su gobierno. Tal injerencia se concretó en el Plan Colombia y en un cambio en el dispositivo militar para enfrentar a la subversión.

Uribe y los militares

Quienes sacaron provecho político de estos cambios fueron Álvaro Uribe y su gobierno. Mediante la publicitada política de Seguridad Democrática (PSD) este gobierno enfrentó a las FARC y anunció su derrota en corto tiempo. Pero las dificultades que encontró, sumadas a un deficiente manejo estratégico, provocaron el aumento sostenido de recursos para cumplir con un objetivo que se tornó esquivo.

En agosto de 2002, el pie de fuerza era de 313.406 efectivos, 203.283 de las Fuerzas Militares y 110.123 de la Policía Nacional. Ocho años después, al finalizar el gobierno, los efectivos habían aumentado a 426.014; 267.629 de las Fuerzas Militares y 158.385 de la Policía Nacional.

En 2010, el presupuesto del Ministerio de Defensa sobrepasó los 15 billones y medio de pesos, de los cuales poco más del 63 por ciento correspondía a las Fuerzas Militares y el resto a la Policía Nacional.

Según el Departamento Nacional de Planeación, en ese año se gastaron 21 billones de pesos en defensa y seguridad, de los cuales el 90 por ciento se destinó a funcionamiento y solo 10 por ciento a inversión.

Si bien es cierto que la magnitud de la embestida militar contra las FARC y el ELN redujo significativamente su capacidad, hasta finales del primer período de Uribe no se habían producido golpes contundentes. Fue durante el segundo período cuando se vieron las primeras acciones exitosas, cuando el actual presidente ejerció como ministro de Defensa.

A ello contribuyó la tardía reacción de las FARC, movida por su arrogancia al persistir en su eventual triunfo, pese a su disminuida capacidad militar.

Misión no cumplida

El despertar de la guerrilla y el deterioro de la PSD se hicieron evidentes desde finales de 2008. Dos noticias mostraron el agravamiento de los problemas derivados de la seguridad:

1. La PSD fue objeto de mayor presión por parte del presidente, lo que se reflejó en estímulos improvisados para obtener resultados medidos en ‘muertes enemigas’ (body count). La consecuencia fue el aumento de crímenes llamados ‘falsos positivos’, que la opinión pública conoció desde su negación inicial, en 2008, hasta su reconocimiento a cuentagotas. Según investigaciones, entre 2002 y 2010 hubo 1.119 casos registrados.

Tales crímenes reflejaron la presión de Uribe por resultados sin importar las consecuencias, acompañados por un rápido aumento del pie de fuerza. Esta rapidez trajo consigo una deficiente preparación profesional y efectos negativos como la comisión de delitos en medio del conflicto armado. La insistencia del presidente y su miope visión del entorno internacional lo llevaron a rechazar reclamos de organismos internacionales por violación de los Derechos Humanos

2. El repunte paramilitar durante el segundo período de Uribe fue bautizado como “bacrim” (bandas criminales). Este eufemismo buscaba inculcar la idea del éxito oficial en la desaparición del paramilitarismo, cuando lo cierto es que los paramilitares siempre se han relacionado –o mezclado– con narcotraficantes y bandas criminales.

Por su parte, el manejo caudillista de la cambiante opinión pública logró condescendencia con el paramilitarismo y odio contra las FARC. Estas contribuyeron con sus crímenes a acrecentarlo y cuando los “paras” se sintieron traicionados por el gobierno y reaccionaron con denuncias a políticos del entorno gubernamental, Uribe los extraditó.

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