Caso Gloria Lara: mentira y manipulación

La utilización de los montajes judiciales ha sido una práctica recurrente en la historia del conflicto colombiano. Unas veces con el objetivo de golpear líderes sindicales, políticos o sociales, otras para impedir el ascenso político de algún dirigente incómodo para el establecimiento, u otras para demostrar eficacia y resultados de las fuerzas policiales o militares.

Algunos de estos casos han sido desenmascarados por la fuerza de la verdad, como en el caso del asesinato de Luis Carlos Galán en el que la precipitación y el afán de mostrar resultados llevaron a la detención de un grupo de inocentes. Pero muchos otros casos siguen en la impunidad.

El Caso Gloria Lara es un caso emblemático de este tipo de montajes. Y a fuerza de un discurso repetitivo se ha construído una falsa verdad. A su vez ha sido utilizado desde su inicio y hasta nuestros días como arma de desprestigio contra las organizaciones de izquierda en Colombia, y contra ONGs de Derechos Humanos nacionales e internacionales.

En la navidad de 1982 un grupo de personas fueron injustamente acusadas de haber asesinado a la Señora Gloria Lara de Echeverri. La inteligencia militar quien asumió intempestivamente y de manera ilegal la investigación que venían adelantando las autoridades civiles, en un tiempo record detiene a ocho personas. En un despliegue mediático sin precedentes, los altos mandos militares le presentaron al país a los supuestos culpables de un asesinato que algunos llamaron el Crimen del Siglo, colocándolos en la picota pública como responsables de un crimen que no habían cometido. Unas de ellas hacían parte de cuerpos colegiados recientemente electos, otros eran líderes campesinos o activistas de la izquierda democrática y otros eran simples ciudadanos sin ninguna actividad política. De esta última categoría hacía parte la jóven madre Patricia Rivera, sus dos pequeñas hijas y un anciano que les prestó ayuda en el momento de su captura por parte de miembros de la inteligencia militar. Estas cuatro personas fueron desaparecidas para siempre.

Con este falso positivo judicial el ejército quería demostrarle al país eficacia investigativa y presentar a una izquerda sin principios, cínica y cruel. Todo esto en los inicios de un proceso de diálogo con las guerrillas propuesto por el presidente Belisario Betancur en la búsqueda de la paz. De esta manera le asestaban un golpe certero al proceso de diálogo y reforzaban su posición ponderante en la cúpula del Estado, posición que venía siendo minada por el Ejecutivo.

Pocos meses después de esta pantomima mediática, pruebas irrefutables comprometen a una banda de delincuentes comunes con un nuevo secuestro reivindicado por la fantasmática ORP, la misma que había reivindicado el asesinato de Gloria Lara. Mediante informes de personas cercanas a la banda, tres de sus miembros fueron detenidos y los cuerpos investigativos pudieron establecer que ésta misma banda era la responsable del asesinato de la señora Lara. Estos nuevos hechos ponían en duda la credibilidad de la jerarquía militar pero los grandes medios de comunicación opacaron la noticia y la presión ejercida sobre la justicia impidió la condena de los verdaderos culpables.

Innumerables son las pruebas aportadas al proceso que absuelven de responsabilidad a este grupo de activistas. Algo que desconoce el grueso de los colombianos es que las decisiones de fondo pronunciadas por las instancias judiciales que han practicado y analizado las pruebas los han absuelto. Por el contrario las instancias que han estudiado estas decsisiones en apelación, los han condenado. Esta condena se ha basado exclusivamente en unas auto-implicaciones obtenidas mediante la tortura en las instalaciones de la Brigada de Institutos Militares.